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Mercantil

La Comunidad de Madrid potencia el mercado nacional abierto.

La Comunidad de Madrid (en adelante, “la CAM”) ha iniciado la tramitación del proyecto de Ley de Mercado Abierto (podéis consultarlo aquí). Se trata de una norma que refuerza el derecho a la libre circulación de bienes y servicios, al facilitar el establecimiento (no el traslado) en Madrid de empresas localizadas en otras regiones de España.

En España las comunidades autónomas tienen libertad para establecer sus propias normas y requisitos que, en algunos casos, presentan diferencias sustanciales. Así, puede suceder que no se pida lo mismo a un empresario para establecerse en Castilla León que en Canarias. Salvando situaciones que se pueden explicar, esta diferencia no se entiende muy bien con carácter general y generan desconcierto, especialmente entre aquellas empresas cuyo ámbito de actuación desborda el territorio de una sola comunidad autónoma.

El antecedente de esta norma es la ley estatal de Garantía de Unidad de Mercado (BOE.es – BOE-A-2013-12888 Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado.), que fue derogada parcialmente por el Tribunal Constitucional, por vulnerar competencias autonómicas exclusivas. No es que el contenido sustancial de la norma fuera contrario a la constitución o al derecho europeo, sino al reparto de funciones interno entre las administraciones central y territoriales.

Pero la filosofía de la norma era correcta. Este proyecto la recupera para Madrid. Está basado en dos ejes vertebradores: el principio de regulación eficiente (que solo se impongan las limitaciones administrativas que sean necesarias y proporcionales) y el de eficacia (que lo que decida una comunidad autónoma en base a su normativa surta efectos también en las demás).

Así, el proyecto de ley contiene las siguientes propuestas:

1. Artículo 4: la CAM solo podrá limitar el acceso a una actividad económica o a su ejercicio por motivos imperiosos y de interés general y los límites deberán ser proporcionados a los motivos que aconsejan su establecimiento.

2. Artículo 5: Lo que vale en otra comunidad autónoma vale en Madrid, lo que implica (artículo 8):

a. Que, si un operador económico está legalmente establecido en otra comunidad
autónoma, puede ejercer su actividad en Madrid, incluso si en su comunidad de origen no se le exigió cumplir ningún requisito.

b. Que cualquier producto producido en otra comunidad autónoma al amparo de su normativa se puede distribuir en Madrid.

c. Que la CAM asume la plena validez de los requisitos exigidos a los operadores
económicos por las otras comunidades autónomas, incluso si no exigen ninguno.

3. Artículo 7: Se consideran actos limitativos y, por tanto, afectados por la norma anterior, la obtención de permisos, la presentación de declaraciones responsables, la inscripción en registros, exigir más requisitos profesionales o exigir especificaciones técnicas distintas para la libre circulación legal de un producto o la prestación de un servicio.

4. Artículo 9: la CAM reconoce la validez de los permisos y licencias, declaraciones responsables y comunicaciones y las inscripciones registrales otorgados por otras comunidades autónomas.

5. Artículo 10: Excepciones:

a. Si la implantación de una actividad en territorio de la CAM implica la creación de una instalación o infraestructura física, la CAM sí podrá exigir la obtención de
autorizaciones ligadas a esa instalación o infraestructura.

b. Quedan excluidos los actos de ocupación del dominio público, en determinados casos.

c. Puede excluirse la aplicación del principio de eficacia por razones de orden público, seguridad jurídica o protección civil, debidamente motivadas.

6. La CAM se da un año para adecuar el resto de su normativa a esta ley.

Atención: no se trata de atraer a las empresas a Madrid, para que se deslocalicen de su lugar de origen. Antes al contrario, se trata de abrir completamente el mercado de Madrid a todos.

La Unión Europea está haciendo un gran esfuerzo de armonización, para que el mercado único funcione realmente como tal. No parece que tenga mucho sentido que, si estamos intentando asemejarnos a Suecia, nos diferenciemos de Murcia.

Nos encantaría escuchar qué problemas concretos habéis encontrado, a la hora de vender vuestros productos o prestar vuestros servicios fuera de vuestro territorio de origen, derivados de las diferencias en la normativa local.

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Contratación Pública

Los Fondos Next Generation y la Salud de Vanguardia, una oportunidad para las empresas del sector.

Uno de los proyectos del Gobierno para mejorar el sistema sanitario bajo el paraguas de los Fondos Europeos es el PERTE de la Salud de Vanguardia. Así llaman a la promoción y protección de la salud sustentada en el desarrollo e incorporación de productos, procedimientos innovadores y soluciones digitales que añaden valor en la prevención, diagnóstico, tratamiento o rehabilitación de los pacientes de forma personalizada, y permiten afrontar los nuevos retos sanitarios.

El objetivo general del PERTE se centra en fomentar la generación sostenible de tejido industrial rejuvenecido, crear empleo a través de la colaboración público-privada, y transformar digitalmente el sistema de salud.

Sus objetivos concretos:

  1. Impulsar la implementación equitativa de la Medicina Personalizada de Precisión.
  2. Promover el desarrollo de terapias avanzadas y otros fármacos innovadores.
  3. Desarrollar un sistema de datos innovador.
  4. Impulsar la transformación digital de la asistencia sanitaria.

Y sus líneas transversales:

  • Fortalecer y desarrollar las capacidades de los centros del Sistema Nacional de Salud para mantener la posición de liderazgo de España en investigación clínica y retener las inversiones de las empresas farmacéuticas multinacionales, potenciando la figura del profesional sanitario investigador.
  • Invertir en el desarrollo, digitalización y modernización de la capacidad industrial y facilitar la orientación de las cadenas de producción hacia innovación diagnóstica, terapéutica y rehabilitadora de alto valor añadido para personas y administraciones, ampliando nuestra autonomía industrial.
  • Diseñar y desplegar instrumentos y estructuras que aseguren la colaboración y la coordinación entre el tejido científico y el tejido empresarial en toda la cadena de valor de los productos innovadores.
  • Reforzar la cohesión territorial incorporando a todas las comunidades autónomas en un proceso de transformación que está dirigido a todo el sistema sanitario, y que persigue además favorecer que la innovación sanitaria y las oportunidades de desarrollo técnico e industrial se extiendan a todos los territorios del Estado.
  • Fortalecer la formación partiendo de la alianza entre las empresas, los centros del SNS, y los centros de investigación.

La inversión prevista, más de 1.469,324 millones de euros en el periodo 2021-2023, con una contribución del sector público de 982,442 millones de euros y una inversión privada inicial de 486,882 millones de euros.

Un proyecto aprobado en el Consejo de Ministros del 30 de noviembre de 2021, que seguiremos de cerca.

Aquí os dejamos el resumen ejecutivo y la memoria del Gobierno.

Para más información, licitaciones@lifeabogados.com

Sara Fernández Ceballos
Socia LIFE Abogados

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Artículos de opinión

¿Qué podemos hacer ante la subida de precios de las materias primas?

La reactivación de la actividad económica a nivel mundial tras la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, reforzada por los Gobiernos mediante el diseño de planes de recuperación, ha desencadenado en el último año un encarecimiento generalizado de los precios de la energía– con la escalada de los precios del gas en Europa y Asia – el transporte marítimo de contenedores, las materias primas como el acero, cobre, aluminio, petróleo, madera, alimentos, etc…

Esta situación está afectando especialmente a la contratación pública, en tanto el precio ofertado por las empresas en las licitaciones ha quedado absolutamente desfasado, y ello está provocando la paralización de obras y la resolución de contratos ante la imposibilidad de asumir las pérdidas económicas cuando no se han previsto fórmulas de revisión del precio.

Si bien la regla general es que los contratos públicos se celebran a riesgo y ventura de los contratistas (art. 197 LCSP), este principio se flexibiliza en determinados supuestos. En este escenario juegan un papel imprescindible los mecanismos de reequilibrio económico previstos en la normativa, que tienen como finalidad mantener la ejecución de los contratos, como garantía del funcionamiento de las infraestructuras y la continuidad de los servicios públicos, cuando por circunstancias sobrevenidas e imprevisibles se ven afectados por un incremento de costes que amenazan la viabilidad de los mismos.

La actual Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, contempla en el artículo 205 la posibilidad de modificar los contratos por la aparición de circunstancias sobrevenidas y que fueran imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación del contrato, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos:

  1. Que la necesidad de la modificación se derive de circunstancias que una Administración diligente no hubiera podido prever.
  2. Que no se altere la naturaleza global del contrato.
  3. Que la modificación no implique una alteración en su cuantía superior al 50 por ciento de su precio inicial (IVA excluido).

Asimismo, nuestra jurisprudencia ha venido reconociendo en determinados supuestos el deber de la Administración de compensar a los contratistas cuando en la ejecución de los contratos concurren circunstancias y alteraciones económicas extraordinarias, anormales, imprevistas y profundas, dentro de una previsión razonable, apreciando un desequilibrio económico “suficientemente importante o significativo” alrededor del porcentaje del 2,5 por 100 del precio del contrato (Sentencias del Tribunal Supremo de 6 de mayo de 2008 (Recurso de Casación núm. 5111/2006) y de 4 de junio de 2008 (Recurso de Casación núm. 5093/2006).

Con el fin de estimular la concurrencia de empresas en las licitaciones en un momento clave para nuestro país, ante la inminente llegada de los fondos europeos de recuperación, desde el Gobierno central y Comunidades Autónomas se está trabajando en la aprobación de mecanismos automáticos de restablecimiento del equilibrio económico de los contratos.

Es importante destacar que la posibilidad de activar estos mecanismos de reequilibrio económico requiere un estudio exhaustivo de cada caso concreto, y una preparación cuidadosa de la documentación acreditativa de los requisitos exigidos, para que se reconozca una compensación económica suficiente que garantice la viabilidad de los contratos a futuro.

 

Pablo García Paradela
LIFE Sector Público