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2021, la oportunidad del Sector Construcción en la Administración Pública

El Sector Público está formado por + de 20.000 entidades que compran productos y servicios a través de licitaciones. Más de 20.000 entidades que, en el sector Construcción, licitan obras, servicios o suministro de bienes orientados a la construcción de edificios, instalaciones o adaptaciones, reformas y rehabilitaciones, e, incluso trabajos de mantenimiento.

Las cifras hablan por sí solas,

Volumen de negocio por tipo de contratación

Volumen de negocio por tipo de obra

Después del descenso abrupto que sufrió el sector en el 2020 como consecuencia de la pandemia, se afronta el año 2021 con la esperanza de que la inyección en España de hasta 34.600 millones de euros procedentes de fondos europeos permita reactivar la maquinaria del Estado para licitar nuevos proyectos. Un descenso que nos ha retrocedido a valores del 2011.

Es importante afrontar 2021, y 2022, planificando las inversiones y las ventas. Las inversiones, ante la posibilidad de acudir a algunas de las ayudas para acometer compra de activos, mejora o ampliación de instalaciones, innovación de procesos, desarrollo de nuevos productos…

Y las ventas, porque tanto las acciones de promoción económica de la UE como del Estado, y de otros entes públicos, como los planes de reactivación y los propios presupuestos ordinarios de todos ellos, nos definen el ámbito de actuación de la maquinaria pública: nos indican en dónde va invertir sus recursos la administración pública, de la tipología que sea –estatal, autonómica, local…-.

Por ejemplo, las políticas tractoras pueden darnos una idea de los conceptos subvencionables/financiables o acercarnos a las propias inversiones que va a mover la
Administración Pública que, evidentemente, se hará vía licitación en gran medida: infraestructuras, transición energética, despoblación, digitalización…

*M€: millones de euros

Políticas tractorasAsignación
Política Tractora 1. Agenda urbana y rural, la lucha contra la despoblación y desarrollo de la agricultura.

1. Plan de Choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos.
2. Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana.
3. transformación y digitalización de la cadena logística del sistema agroalimentario y pesquero.
11.520 M€
Política Tractora 2. Política Tractora 2. Infraestructuras y Ecosistemas Resilentes.

1. Conservación y restauración de ecossitemas y su biodiversidad.
2. Presentación del espacio litoral y los recursos hídricos.
3. Movilidad sostenible, segura y conectada.
8.640 M€
Política Tractora 3. Transición Energética justa e inclusiva.

1. Desarrollo del parque de generación renovable.
2. Infraestructuras eléctricas, promoción de redes inteligentes y desarrollo de tecnología de almacenamiento.
3. Promociónd el hidrógeno renovable y su integración sectorial.
4. Mantenimiento del empleo y la creación de actrividad en los territorios afectados por la transisicón energética.
6.480 M€
Política Tractora 4. Una Administración para el siglo XXI.

1. Modernización de las Administraciones Públicas (digitalización, ciberseguridad y modernización sistema Justicia.
3.600 M€
Política Tractora 5. Modernización y digitalización del tejido industrial y de la pyme, recuperación del turismo e impulso a una España nación emprendedora.

1. Política Industrial España 2030.
  1.1. Plan de digitalización de las áreas de salud, automoción, turismo y comercio.
  1.2. Plan de modernización y sostenibilidad de la industria.
  1.3. Impuso de las industrias tractoras «verdes y digitalización.
1.4. Estrategia de Economía Circular. En especial en construcción, textil, agroindustrial y electrónica.
2 Impulso a la PYME.
  2.1. Plan de digitalización de las pymes.
  2.2. Financiación para la internacionalización y nuevos mercados (África, Asia).
  2.3. Estrategia España Nación Emprendedora.
  2.4. Plan de Apoyo al Ecosistema de Startups, para impulsar las empresas innovadoras de base tecnológica.
3. Plan de modernización y competitivdad del sector turístico, con especial atención a Baleares, Canarias y al turismo en zonas despobladas.
4. Conectividad Digital, impulso de la ciberseguridad y despliege del 5G.
12.240 M€
Política Tractora 6. Pacto por la ciencia y la innovación y el refuerzo del Sistema Nacional de Salud.

1. Estrategia nacional de Inteligencia Artificial.
2. Reforma institucional y fortalecimiento de las capacidades del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación.
3. Renovación y ampliación de las capacidades del Sistema Nacional de Salud.
12.240 M€
Política Tractora 7. Educación y el conocimiento, la formación continua y el desarrollo de capacidades.

1. Plan nacional de capacidades digitales.
2. Plan estratégico de impulso de la Formación Profesional.
3. Modernización y digitalización del sistema educativo.
12.960 M€
Política Tractora 8. Nueva economía de las ciudades y políticas de empleo.

1. Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de igualidad e inclusión.
2. Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resilente e inclusivo.
4.320 M€
Política Tractora 9. Desarrollo de la Cultura y el Deporte.

1. Revalorización de la industrial cultural.
2. Creación del Spain Audiovisual Hub, para posicionar a España como centro de referencia para la producción audiovisual y el sector del videojuego.
3. Fomento del sector del deporte.
792 M€
Política Tractora 10. Modernización del sistema fiscal para un crecimiento inclusivo y sostenible.

1. Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal.
2. Adaptación del sistema impositivo a la realidad del siglo XXI.
3. Mejora de la eficiencia del gasto público.
4. Sostenibilidad del sistema público de pensiones en el marco del Pacto de Toledo.
*M€: millones de euros

Sin olvidar la Agenda Urbana y Rural, la Lucha contra la Despoblación y Desarrollo de la Agricultura, que nos habla de inversiones en la rehabilitación de viviendas, movilidad sostenible y, nuevamente, del plan de transición energética.

Datos que nos pueden ayudar a la hora de hacer una previsión de la demanda de la Administración, en tiempos, conceptos, e importes. Y lograr una planificación comercial eficaz, dirigida y realizable. SEOPAN, la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras, estima que en 2021 se licite un total de 12.568 millones de euros para el conjunto del ejercicio por parte de todas las administraciones públicas.

¿No vale la pena intentarlo?

Sara Fernández Ceballos
Socia Directora de LIFE Sector Público

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Nuevas líneas de apoyo financiero a nuestro tejido empresarial

Mediante el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, se han aprobado diversas líneas de apoyo financiero a nuestro tejido empresarial, movilizándose hasta 11.000 millones de euros en ayudas directas a las empresas, que se instrumentalizarán mediante la concesión de subvenciones, reducción de los costes financieros derivados de la actividad empresarial y la inyección de fondos en el capital social de las empresas.

Este nuevo paquete de ayudas se articula a través de tres fondos, con los que se pretende cubrir los distintos escenarios en los que se encuentran la mayor parte de nuestras empresas:

i. Ayudas económicas destinadas al pago de deudas contraídas por las empresas, generadas a partir del mes de marzo de 2020, como son las derivadas de pagos a proveedores, suministros, salarios, arrendamientos, así como la reducción de la deudafinanciera.

ii. Ayudas económicas gestionadas a través de COFIDES en forma de instrumentos financieros, como préstamos ordinarios, préstamos participativos, capital u otros a empresas que atraviesen dificultades temporales y que no puedan acceder a las ayudas del Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas, gestionado por SEPI.

iii. Para los casos en que las medidas anteriores no hayan sido suficientes, se crea un Fondo de recapitalización de empresas afectadas por COVID, dirigido a reforzar los balances de empresas que eran viables en diciembre de 2019, pero que se enfrentan a problemas de solvencia por causa de la pandemia, donde se incluyen un conjunto de medidas de apoyo y flexibilización de los préstamos que cuenten con aval público, permitiendo así que el ICO se incorpore a los procesos de refinanciación y reestructuración que pacten los bancos y sus clientes.

Condiciones para optar a este paquete de medidas.

Los solicitantes no podrán tener su domicilio social en un paraíso fiscal, iniciado un procedimiento concursal o cesado en su actividad en el momento de la solicitud.

De la misma manera, se exige que se encuentren al corriente de pagos de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social y no hayan repartido dividendos ni aumentado los salarios de su equipo directivo durante un periodo de dos años, comprometiéndose igualmente al mantenimiento de su actividad hasta junio de 2022.

Podrán acceder a estas ayudas todas las empresas y autónomos del sector de la hostelería y la restauración, los sectores con acceso a los ERTE ampliados establecidos en el Real Decreto-ley 2/2021, y otros especialmente afectados por la pandemia, como las actividades de la industria manufacturera relacionadas con el comercio y la hostelería; comercio al por mayor y minorista; sectores auxiliares al transporte; mantenimiento aeronáutico, y actividades relacionas con la cultura y las actividades deportivas.

Alcance de las ayudas.

Podrán beneficiarse autónomos y empresas, que sean considerados como viables, que hayan tenido una caída de sus ingresos en el año 2020 de, al menos, un 30%, en comparación con la anualidad anterior.

Estas ayudas cubrirán hasta un 40% de la caída adicional de ingresos de las microempresas y autónomos (con hasta un máximo de 10 empleados), y un 20% para el resto de empresas, con una cantidad fija de 3.000 euros para los autónomos que tributen en régimen de estimación objetiva y un rango de entre 4.000 y 200.000 euros para el resto.

Recomendaciones.

Es conveniente llevar a cabo un análisis preciso de la situación económica del proyecto empresarial, para poder llevar a cabo una adecuada estrategia de financiación. Al mismo tiempo, hay que destacar que la viabilidad del proyecto y su capacidad para mantenerse en el mercado con su idea de negocio, será una cuestión fundamental para la posible concesión de la ayuda solicitada.

Ante cualquier duda en su tramitación, ponerse en manos de profesionales con experiencia, aumenta las garantías de éxito y desde LIFE ABOGADOS, estamos a su disposición para resolver cualquier duda que puedan tener, impulsando y dando la fortaleza necesaria a su proyecto.

Sara Fernández Ceballos
Socia de LIFE Abogados