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Publicado el nuevo reglamento europeo de traslado de residuos (II)

EL NUEVO REGLAMENTO EUROPEO 2024/1157 RELATIVO A LOS TRASLADOS DE RESIDUOS (II): IMPLICACIONES EN EL RÉGIMEN DE TRASLADOS EN EL INTERIOR DE UN ESTADO MIEMBRO

Seguimos con la serie relativa a esta nueva regulación.

Aunque el Reglamento regula única y exclusivamente los traslados de residuos entre estados miembros y entre éstos y terceros países (tanto importaciones como exportaciones), contiene algunas previsiones que podrían exigir modificaciones en el régimen de traslados en el interior de los estados.

El reglamento contiene algunas previsiones:

En el caso de que un traslado autorizado no pueda efectuarse de acuerdo con lo previsto. Los artículos 22 a 24 regulan este supuesto estableciendo que si en el interior de un estado miembro se descubrieran residuos que por cualquier causa no se hubiera podido concluir (residuos en tránsito) o valorizar o eliminar, la autoridad nacional con competencia en la zona en que se encuentren los residuos (en el caso de España serán las Comunidades Autónomas) será la responsable de garantizar que se organice el almacenamiento seguro de dichos residuos hasta que se produzca su retirada o, de forma alternativa, su valorización o eliminación finales, debiendo informar a la autoridad de expedición y en el caso de que quien lo rechace sea una instalación de valorización o de eliminación, deberá informar a la autoridad de destino. Los artículos 23 y 24 establecen una regulación completa de lo supuestos, incluido quién debe de hacerse cargo de los costes.

La misma solución aplica el artículo 25 para los casos en que se descubran residuos de un traslado ilícito en el interior de un Estado miembro.

¿Cómo debemos interpretar esta responsabilidad de la administración? No debemos caer en la trampa de pensar que será la administración la obligada a hacerse cargo del almacenamiento, su valorización o eliminación. De hecho, tanto el nuevo reglamento como el derogado regulan, en el caso de traslados lícitos, un mecanismo para proceder a su devolución al lugar de expedición si no existiera acuerdo para regularizar la situación del traslado.

Así pues, lo que exige el reglamento a la autoridad de destino es únicamente que ponga en marcha la maquinaria jurídica necesaria para exigir esas obligaciones a uno de los responsables que, según la ley de residuos (7/2022) serán el productor inicial u otro poseedor o el propietario del terreno en donde se encuentren.

Lamentablemente, estas situaciones provocan unos procedimientos que se alargan en el tiempo mucho más allá de lo deseable. Es uno de esos supuestos en que la ley propone soluciones aparentemente sencillas y ejecutivas que en realidad pueden distar mucho de serlo.

En todo caso, volviendo al objeto de este comentario, el régimen nacional debe de ser coherente con el establecido a nivel europeo. Es posible que sea necesario realizar algunos ajustes en la norma estatal para permitir solucionar estos supuestos de forma similar a la que establece el reglamento. Es decir: valorización o eliminación alternativas o subsidiariamente devolución.

El artículo 36 se refiere al transporte de residuos exclusivamente en el interior de un Estado miembro y obliga a cada uno de ellos a establecer un régimen adecuado de vigilancia y control del transporte de residuos que tenga lugar exclusivamente dentro de su jurisdicción nacional. Dicho régimen deberá tener en cuenta la necesidad de garantizar la coherencia con el régimen de la Unión.

Este régimen no contiene novedad alguna respecto al de 2006, excepto la supresión del apartado 3 del anterior reglamento que contenía una previsión obvia y redundante: Que los estados miembros podían adoptar como propio el reglamento comunitario.

Los estados miembros son los responsables de inspeccionar los traslados intracomunitarios y las exportaciones y lo harán de acuerdo a su legislación nacional, pero aplicando el régimen comunitario. No constituye una novedad.

Este artículo impondrá una modificación de la legislación nacional para adaptarla a las previsiones del Reglamento.

Otra novedad que creo que podría afectar también al régimen de traslados nacionales (por el tema de la coherencia) es la que contiene el artículo 63.2 sobre los criterios de graduación de las sanciones: Dos previsiones novedosas e interesantes: Se tendrá en cuenta la capacidad financiera del responsable (A más facturación, mayor será la sanción) y también cualquier acción emprendida para reducir o reparar los daños causados.

Está por ver qué artículos resultarán modificados. Habrá que prestar atención a las restricciones a los traslados para eliminación y a la aplicación del principio de proximidad a nivel nacional.

El próximo comentario tratará sobre el concepto de eliminación del reglamento y sus implicaciones en el fomento de la economía circular.

Juan Ignacio Xiberta
LIFE Abogados

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Publicado el nuevo reglamento europeo de traslado de residuos

INTRODUCCIÓN A LA SERIE

El 30 de abril se publicó el Reglamento UE 2024/1157 de 11 de abril RELATIVO AL TRASLADO DE RESIDUOS.

Deroga el 1013/2006

Empezamos una serie de artículos breves y comentarios, críticos en algunos casos, sobre el nuevo Reglamento de traslados.

El análisis pormenorizado de las novedades debe de quedar reservada a publicaciones jurídicas especializadas. Lo que pretendo con esta serie de artículos es ofrecer una imagen general de la nueva regulación y de sus implicaciones y no va dirigida a juristas sino a todos aquellos profesionales del sector de la gestión de residuos.

El primer dato a tener en cuenta es que un Reglamento europeo es de aplicación directa en toda la UE. Por tanto, no hará falta una norma estatal que lo desarrolle.

El segundo dato, es que cualquier norma estatal que sea contraria al mismo debe de entenderse derogada. Por norma no hay que entender una ley en su totalidad. Basta con que un artículo determinado sea contrario para que no se deba aplicar o, si fuera posible, que se tenga que interpretar de forma acorde a lo que dispone el Reglamento.

Los traslados dentro de los estados miembros seguirán rigiéndose por la normativa nacional que, sin embargo, por imperativo del Reglamento, debe de ser coherente con este.

En términos generales, el Reglamento no contiene ninguna novedad en cuanto a su objeto -proteger el medio ambiente y la salud humana de los efectos adversos que puedan derivarse del traslado de residuos- pero sí en lo que se refiere a los requisitos para su autorización, que como veremos incorpora nuevas exigencias, algunas de las cuales, por decir algo, son sorprendentes.

La exposición de motivos nos recuerda que el Plan de Acción para la Economía Circular de 2020 subrayaba la necesidad de actuar para garantizar que se faciliten los traslados de residuos para su reutilización y reciclado en la Unión, que la Unión no exporte sus dificultades en materia de residuos a terceros países y que se afronten mejor los traslados ilícitos de residuos.

Estos son los tres ejes sobre los que gira la nueva norma pese a que ya se percibe alguna incoherencia, especialmente en lo que se refiere a facilitar los traslados para reutilización y reciclado lo que queda patente en el concepto amplio de eliminación que contiene la Directiva marco y, por transposición, la ley 07/2022, conceptos que el Reglamento hace suyos, pero también en la pretensión confesa de que facilitar los traslados puede reducir la dependencia estratégica de la Unión con respecto a las materias primas.

Sin duda el Reglamento emplea la técnica legislativa que se conoce como “technology forcing” (Forzar a las empresas a invertir en mejoras tecnológicas) lo que queda patente cuando se afirma que “el mantenimiento de una mayor parte de los residuos generados en la Unión requerirá una mejora de la capacidad de reciclado y gestión de residuos”.

Otro de los objetivos que busca la nueva regulación es “una aplicación más uniforme de las normas en materia de traslados de residuos en toda la Unión” lo que es coherente con la utilización del Reglamento en lugar de una directiva. Sin embargo, vano decir que la clave no está tanto en la norma como en la organización interna de cada estado o región con competencias. Permítanme mostrarme muy escéptico en cuanto al éxito de este objetivo.

En el próximo artículo trataremos sobre cómo afectará este Reglamento a los traslados dentro de los estados miembros y posteriormente sobre la implicación en los traslados estatales, la ampliación del concepto de eliminación, los principios de proximidad y suficiencia en el Reglamento…

Juan Ignacio Xiberta
LIFE Abogados

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Reestructuraciones y Derecho Concursal

Dos juzgados reducen al 20% de la deuda la responsabilidad de los avalistas de los préstamos ICO

El 2 de octubre de 2023 un Juzgado de Barcelona, el de Primera Instancia n.º 29, dictó la sentencia 236/23, por la que limitó la responsabilidad de los avalistas de un préstamo ICO al 20% del préstamo, a pesar de que en el contrato avalaban el 100%: Sentencia Barcelona

El 23 de febrero de 2024 otro Juzgado, esta vez el de Primera Instancia e Instrucción n.º 2 de Pontevedra, ha dictado la sentencia 41/2024, en idéntico sentido: Sentencia Pontevedra

La trascendencia de estas sentencias es enorme, ya que su consecuencia es limitar la responsabilidad de los avalistas al 20% de la deuda avalada. Quedan liberados de la obligación de pagar el 80% restante.

Hay muchas personas en una situación parecida a esta, en particular, los socios y administradores de empresas en crisis.

¿Qué aspectos comunes tienen ambas sentencias, que puedan extrapolarse a otros casos?

  1. Las empresas no pagaron el préstamo y el banco exigió el pago del 100% de la deuda a los avalistas solidarios, socios y/o administradores de la compañía.
  2. Cuando firmaron el contrato de préstamo los avalistas entendieron que solo avalaban el 20% de la deuda, puesto que el 80% restante lo avalaba el estado. Esto es lo que declararon en el acto del juicio. La publicidad de los bancos inducía a pensar esto. Además, el contrato de préstamo se firmó sujeto a condición: que el ICO otorgase su aval por el 80% del préstamo.
  3. En el caso de Barcelona los avalistas nunca antes habían otorgado aval o fianza y no se les había entregado por escrito la información previa a la firma. Además, el contrato de préstamo se firmó ante notario, pero el notario no se lo leyó. Por último, la lengua materna de los avalistas no era el español.
    En el caso de Pontevedra el contrato no se firmó ante notario y no consta que se ofreciese a los avalistas una “información precontractual suficientemente detallada que permitiese conocer que” asumían una responsabilidad por el 100% de la deuda.
    La consecuencia de todo lo anterior es que los avalistas incurrieron en un error “esencial y excusable sobre el alcance de la fianza”. El error es esencial porque “recae sobre las cosas que principalmente hubieran dado motivo a la celebración del contrato” y es excusable porque no es culpa de los avalistas, sino del banco.
  4. Las sentencias no anulan el contrato ni el aval, simplemente reducen el importe a pagar al 20% de la deuda reclamada, en lugar del 80%.
  5. En cuanto a las costas, Barcelona no condena al banco a pagar a los avalistas los gastos legales, “dadas las dudas de hecho”. Pontevedra sí.

Juan Sánchez Corzo
Socio de LIFE Abogados