En apenas unos días, el 6 de abril, concluye el plazo para que los transportistas puedan reclamar por el llamado Cártel de los Camiones, el pacto de fijación de precios de venta de camiones de seis o más toneladas entre 1997 y 2011.
Con sobreprecios que pudieron llegar hasta un 20% de media, hay miles de autónomos y empresas perjudicadas que aún no han iniciado las pertinentes reclamaciones, e incluso la propia Administración puede llevar a cabo acciones para recuperar el dinero pagado de más.
Más allá del ejercicio de responsabilidad de la Administración, toda vez que es dinero de los contribuyentes, conviene resaltar lo simbólico de que la Administración reclame y se haga público, lo que representaría un espaldarazo para miles de transportistas que aún no han iniciado los trámites.
Al ir por delante la administración pública, se reforzaría la confianza de los afectados para convencerles de lo necesario de realizar una reclamación judicial y recuperar un dinero por un sobreprecio pagado, es decir, una cantidad que nunca debió salir de “sus bolsillos”.
Precisamente, en Alemania se ha dado a conocer una de las primeras sentencias favorables contra el Cártel de Camiones, que obliga a uno de los fabricantes implicados, MAN, a indemnizar a la ciudad de Gottingen por la compra de siete vehículos. Qué casualidad que sea una entidad pública una de las primeras en recibir el espaldarazo de la justicia para conseguir una indemnización por los sobreprecios.
Y que no se nos olvide que hay un segundo concepto susceptible de reclamación que también debe hacer visible la Administración: el sobreconsumo de combustible. Y es que el pacto incluyó el retraso de la introducción de las sucesivas tecnologías de emisiones (de la Euro III a la VI) así como la repercusión de los costes de su implementación.
Garantías de éxito
Al ser un caso cerrado, existe una garantía total de que los tribunales reconozcan e indemnicen a los transportistas y administraciones que reclamen judicialmente.
Hasta seis fabricantes están implicados en el Cártel de los Camiones, concretamente MAN, Daimler, Iveco, Volvo/Renault, DAF y Scania, aunque ésta última, al no reconocer su implicación fue objeto de una investigación aparte de la Comisión Europea que concluyó en septiembre con una multa de 880 millones de euros. Esta cantidad se suma a los casi 3.000 millones de euros que Bruselas impuso meses atrás a los otros cinco fabricantes.
Sin embargo, la resolución contra Scania aún no se ha hecho pública, por lo que las reclamaciones contra este fabricante tienen que esperar. Esto no significa que haya que quedarse de brazos cruzados y a la espera, sino que conviene ir recopilando toda la información sobre la compra del camión que pueda requerirse.
De momento ya se puede reclamar contra los otros cinco fabricantes, y la Administración no puede quedarse al margen. Por su vocación de servicio público, por su responsabilidad con el dinero de los contribuyentes y por su capacidad de “arrastre”, la administración pública también debe reclamar lo que es suyo, es decir, lo que es de todos.
Juan Sánchez-Corzo, socio de LIFE Abogados.
