Desde febrero de este año los criterios ecológicos y medioambientales han pasado a un primer plano dentro de las licitaciones públicas. Y es que el Plan de Contratación Pública Ecológica ha cambiado las reglas del juego añadiendo nuevos criterios decisivos a la hora de adjudicar cualquier licitación por parte del Estado, un nuevo instrumento que augura fuertes cribas en los procesos de selección.
Si bien el estudio de los pliegos y la preparación de las ofertas ya era un trabajo tedioso y complicado, con las nuevas exigencias medioambientales los factores correspondientes a esta materia regulada por una ingente cantidad de normas complican aún más el proceso.
Promover la adquisición por parte de la administración pública de bienes, obras y servicios con el menor impacto medioambiental posible; servir como instrumento de impulso de la Estrategia Española de Economía Circular, baja en carbono, eficiente en recursos, sin residuos, no contaminante y eco-innovadora; y apoyar con medidas concretas para conseguir un crecimiento inteligente, sostenible e integrador son los principales objetivos que persigue el nuevo plan. No obstante, por loables que sean, esto supone que a partir de ahora se van a aplicar criterios de selección basados en la capacidad técnica medioambiental o en medidas de gestión del medioambiente y de la cadena de suministro, lo que irá en perjuicio de aquellos licitadores que no cumplan las leyes medioambientales aplicables.