Sin duda, el mayor impacto en nuestra sociedad se produjo por la movilización feminista del 8 de marzo, que alcanzó unas cotas inesperadas. La derecha retrógrada exhibió, una vez más, sus carencias ancestrales. Una de sus líderes emergentes, sin más conocimientos y argumentos que los heredados de la dictadura, espetó ante los medios que no lo secundaba porque ella era feminista pero no comunista. El presidente del Gobierno despachó una pregunta sobre el impacto de la jornada con un lacónico y despreciativo comentario: era una cuestión que no tocaba y que se reducía a un problema de unas pocas y fundamentalistas mujeres. Espero que tuviesen algún sobresalto al comprobar el eco que alcanzó en la mayor parte de los medios de comunicación europeos e internacionales.
Las características de todas estas mareas tienen un punto común. No ejercitan el grito o la indignación de forma meramente emocional. Cada una de ellas son perfectamente conscientes de los problemas que afectan a los sectores en los que se mueven, conocen bien sus carencias y están en condiciones de apuntar mejoras y soluciones, elaboradas a partir de una reflexiva motivación que les lleva a expresar una indignación racional y constructiva.
Los ideólogos de la derecha y los medios que les sirven de altavoces las descalifican tachándolas de populistas y antisistema. Despóticamente se atribuyen la ortodoxia de lo establecido, sin más argumentos que la cínica advertencia de que no hay alternativas; es lo que hay. Son ellos los que se salen del marco constitucional y de los principios rectores de un Estado social y democrático de derecho. Amparados en la globalización rompen sus propias reglas, convirtiéndose en anarcocapitalistas que pretenden campar a sus anchas, desarrollando políticas orientadas exclusivamente a satisfacer sus intereses especulativos, demonizando cualquier otra alternativa que ponga freno a sus desafueros.
Los autócratas capitalistas tienen también que reflexionar sobre cuál va a ser la respuesta ante estos movimientos. Pueden optar por la descalificación y represión o ser conscientes de la necesidad de cambiar las directrices económicas y pensar que solo se puede sobrevivir potenciando una mayor solidaridad.
Los últimos años del gobierno del Partido Popular han resultado baldíos. Ninguna política social fue puesta en marcha, limitando su actividad a la cansina repetición de datos estadísticos sobre los índices de desarrollo y el nivel de empleo, el número de turistas y las oscilaciones de altas y bajas de afiliados a la Seguridad Social, sin ofrecer ninguna otra alternativa a la insoportable precariedad económica de gran parte de la sociedad. Una vez más, la realidad entra en contradicción con la estadística.
Sorpresivamente, y en plena inactividad y atonía del ejecutivo del PP, surgió la posibilidad de una moción de censura que tenía precedentes en la política española pero que nunca había conseguido derribar al gobierno de turno por decisión parlamentaria. El presidente Pedro Sánchez, aún en contra de la opinión de los sectores más conservadores de su partido, se arriesgó en el intento, consiguiendo lo que no esperaban la mayoría de los ciudadanos.
